La contratación pública es una herramienta económica de primer orden, y en España equivale aproximadamente al 10 % del PIB, una magnitud que evidencia su enorme capacidad para orientar el mercado hacia la sostenibilidad
En España, menos de uno de cada cinco contratos públicos incorpora criterios ambientales, sociales o de innovación. En la Unión Europea, las estimaciones sitúan la compra pública verde entre el 20 % y el 40 %, con países que han avanzado de forma más decidida en su aplicación.
En el ámbito del neumático, en concreto en el del recauchutado/renovado, esta capacidad es especialmente relevante y aún infrautilizada. El marco normativo español es claro: la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público permite incorporar criterios ambientales y de ciclo de vida en los pliegos. La política europea de economía circular y los planes nacionales de contratación pública ecológica refuerzan esta orientación. La cuestión no es si puede hacerse. Es si hay voluntad política de hacerlo.
Impacto ambiental medible
El recauchutado de neumáticos es una práctica industrial consolidada cuyos beneficios ambientales han sido cuantificados mediante estudios de Análisis de Ciclo de Vida. En el caso de neumáticos de camión y autobús, el recauchutado permite:
- Reducir en torno a un 52 % las emisiones de CO₂ frente a la fabricación de un neumático nuevo equivalente.
- Ahorrar hasta un 70 % de materias primas.
- Reducir aproximadamente un 45 % el consumo energético en el proceso productivo.
Tiene, por tanto, un impacto directo y medible en la huella de carbono de las flotas públicas.
En un contexto de creciente exigencia en materia de descarbonización, estos datos no son secundarios y están alineados con los compromisos climáticos de las administraciones.
El petróleo: una variable estratégica
Aproximadamente el 50 % del peso de un neumático está compuesto por materiales derivados del petróleo. La fabricación de un neumático de turismo requiere el equivalente a 23,5 litros de petróleo, y en camión supera los 140 litros por unidad. El recauchutado reduce esta exposición:
- 45 % menos consumo de petróleo en turismo.
- Más del 69 % menos en neumáticos de camión.
Cada neumático recauchutado implica menor consumo de recursos fósiles y menor vulnerabilidad ante la volatilidad energética.
Eficiencia económica y empleo industrial
La sostenibilidad debe ir acompañada de racionalidad económica. En transporte pesado, el recauchutado optimiza el coste por kilómetro al prolongar la vida útil de la carcasa y puede reducir el coste total de explotación de las flotas públicas y privadas entre un 20 % y un 30 %, frente a un modelo basado exclusivamente en neumáticos nuevos.
Pero su impacto no es solo económico y ambiental. El recauchutado genera empleo verde, cualificado y estable, especialmente en zonas de baja densidad económica o poblacional. Sostiene aproximadamente 32.000 empleos en la Unión Europea, incluidos 1.600 en España, vinculados a procesos industriales especializados y de alto valor añadido.
Frente a la importación de producto low cost —frecuentemente sin trazabilidad ambiental clara— el recauchutado fortalece la cadena industrial nacional y europea.
Coherencia en la contratación
Todavía existen pliegos que exigen “neumáticos nuevos” como requisito automático, sin incorporar análisis comparativos de ciclo de vida ni evaluación del impacto ambiental.
La compra pública verde no implica imponer soluciones, sino evaluar alternativas que cumplan los estándares de seguridad. Los neumáticos recauchutados fabricados en España deben cumplir los Reglamentos UNECE R108 y R109, que garantizan los mismos requisitos de homologación y seguridad que un neumático nuevo.
España dispone del marco legal, la capacidad industrial y la experiencia técnica necesarias para avanzar en este ámbito y existen ejemplos claros de aplicación:
• Francia: incorporación en licitaciones públicas de flotas.
• Italia: uso en contratos de transporte y maquinaria pública.
• Estados Unidos: respaldo normativo desde la RCRA y directrices de la EPA.
• España: EMAYA (Palma) contempla neumáticos nuevos y recauchutados en sus pliegos.
Estos casos demuestran que la compra pública verde es viable, segura y económicamente eficiente.
La contratación pública puede acelerar la transición hacia una economía circular real. Convertir esa capacidad en acción efectiva es hoy una decisión estratégica.
Por favor, que cunda el ejemplo.
