Tres nuevas sentencias condenatorias por la adquisición, instalación y uso de software falsificado en talleres
Tras las denuncias de la Comisión Antipiratería y una vez realizadas las inspecciones por la Policía, sus atestados llegan a los Juzgados de Instrucción y, con posterioridad, a los Juzgados Penales para la celebración del correspondiente juicio.
Recientemente, los Juzgados de lo Penal nºs 11 y 31, de Madrid, han dictado sentencias condenatorias contra los responsables de dos talleres que tenían instalados en los ordenadores programas informáticos piratas que simulaban ser de las marcas Delphi y Autodata. En ambos casos, la pena impuesta es de 6 meses de prisión, así como el pago de la correspondiente indemnización a CAPA.
Asimismo, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Vilanova i la Geltrú, mediante sentencia de fecha 22 de enero de 2021, ha condenado a 3 meses de prisión a los dos responsables de la importación y comercialización de equipos de diagnosis falsificados, como autores de un delito contra la propiedad industrial.
CAPA, Comisión Antipiratería para el Automóvil, mantiene una estrecha relación con la Policía Municipal de Madrid desde hace años y fruto de ésta, es el gran número de operativos que se están llevando a cabo contra talleres dotados de equipos de diagnosis y programas plagiados
La causa penal que ahora ha culminado con esta sentencia condenatoria tiene su origen en una denuncia formulada por CAPA (comisión antipiratería), a la que se acompañó el resultado de una investigación previa, que acreditaba la venta de equipos fraudulentos en un taller de reparaciones sito en la población de Castelldefels (Barcelona). La policía intervino un total de 5 equipos fraudulentos, pudiendo identificar a los responsables de su compra, importación y destino. Uno de los equipos era de la marca Autocom con pegatinas para adherir al aparato, así como un ordenador portátil con el software correspondiente.
Durante el procedimiento judicial quedó plenamente acreditado el papel de cada uno de los condenados y el carácter doloso de su conducta, siendo perfectos conocedores de estar vulnerando los derechos de la marca. De ahí la condena por la comisión de un delito contra la propiedad industrial tipificado en el artículo 274 del Código Penal.
En concepto de responsabilidad civil han abonado a favor de CAPA la cantidad de 3.295 €.
